A estas alturas PPK debería haberse dado cuenta de que ganar o perder, cuando se trata de política, puede resultar sumamente paradójico. Hace un quinquenio Keiko Fujimori perdió la elección frente a Ollanta Humala; sin embargo, ella convirtió su derrota en un motor político para fortalecer su agrupación mientras que él pulverizó su imagen tras enfrentarse a ese monumental reto que significa gobernar el Perú con popularidad. Este año Keiko perdió nuevamente una segunda vuelta, esta vez frente a Pedro Pablo Kuczynski, pero el fujimorismo devenido en mayoría congresal ha tomado las decisiones más importantes de los próximos cinco años. El Presidente de la República, por contraste, no ha conseguido siquiera defender la continuidad de los ministros que designó y la palabra “destrabar” es la que mejor describe sus magros logros. 

Lamentablemente, estas decisiones del Congreso de la República son sumamente costosas para el futuro político del país. La versión adaptada del fujimorismo a la democracia actual parece decidida a repetir el plato de dejar un legado de debilidad institucional y convertirlo en la marca registrada de su paso por el poder. A la par que copa la SUNAT, el BCR y la Defensoría del Pueblo de personajes velada o abiertamente cercanos a sus filas y que no cumplen con las credenciales profesionales o morales necesarias para el ejercicio de esos cargos, se ha opuesto a las propuestas para fortalecer la Unidad de Investigación Financiera y las reformas en marcha para asegurar la calidad de la educación. La más reciente muestra de esta vocación anti-institucionalista ha sido la matonería con la que se mangoneó un mecanismo constitucional de control y contrapeso de poderes como la censura ministerial con el objetivo de demostrar (innecesariamente) su fuerza y contentar a aquellos que pretenden continuar engordado sus bolsillos a costa de la ignorancia y mediocridad de nuestros estudiantes.

Las consecuencias todavía están por verse, pero incluyen la posibilidad de que se pierda la autonomía ante intereses particulares así como desperdiciar los conocimientos de una capa burocrática comprometida con los valores de su institución y con experiencia suficiente para cumplir de forma eficaz sus funciones. Características que no sobran en las agencias estatales. Por el momento, esto resulta menos evidente en el BCR que en la Defensoría. En el primer caso, la cabeza de la institución sigue residiendo en un actor con la capacidad y autonomía suficiente para que los directores designados por el fujimorismo no perjudiquen su funcionamiento. En cambio, la elección de Walter Gutiérrez como Defensor del Pueblo ya viene mostrando efectos perversos: la bizarra propuesta de convertir la institución en una suerte de segundo INDECOPI (“ampliar las competencia en defensa del consumidor”) atentando contra su razón de ser a favor de la protección de derechos fundamentales; la sospechosa decisión de no renovar el CAS de trabajadores que marcharon contra la gestión; y la valiente renuncia de funcionarios cuya salida del aparato burocrático es una pérdida para el país.

Esta es la crónica de cómo nos están robando el futuro. Primero, la forma más grave en que esto sucede es a través del intento de bajarse la reforma educativa y, con ella, truncar las posibilidades de que niños y niñas peruanas comprendan lo que leen y hagan operaciones matemáticas básicas. De regular esos colegios privados que muchas veces son peores que los públicos. De poner fin a esos locales de universidades que funcionan en el segundo piso de una botica o un chifa. De asegurar que un cartón obtenido tras cinco años de estudios no sea un mero papel que no permite ser contratado por la falta de credibilidad de la currícula y los docentes en el mercado laboral. Las políticas establecidas en la gestión de Saavedra deben continuar, así como la labor de la SUNEDU sin que se pervierta su autonomía. Por supuesto que mucho de lo establecido es perfectible, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es una clara búsqueda por retroceder y no por mejorar.

En segundo lugar, crear instituciones fuertes tarda años y no es un logro que dependa únicamente de la voluntad. En el bosque de debilidad institucional que es el Perú, atacar estos brotes de institucionalidad cuyos orígenes responden a coyunturas muy particulares es una barbaridad mayúscula. Además, se viene impulsando una confrontación Ejecutivo-Legislativo que crecientemente acorta las posibilidades de niveles mínimo de entendimiento y cooperación entre ambos poderes. De esta manera, lo ocurrido recuerda aquello que Guillermo O´Donnell denominó la “muerte lenta de la democracia”, salvo por la diferencia clave de que el fujimorismo no tiene la presidencia. Según el politólogo argentino, esta nueva era democrática a nivel global demostraba que los golpes de estado y los gobiernos militares (vía rápida y tradicional) no iban a ser tan frecuentes como la agonía del progresivo debilitamiento institucional y la consecuente acumulación de poder en manos de los presidentes (vía lenta y nueva). Esta ruta fue la que siguió Alberto Fujimori en los noventa, pero también otros de sus pares latinoamericanos como Lucio Gutiérrez y Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Hugo Chávez (Venezuela). Hoy es la ruta que preocupa a analistas como Daniel Ziblatt y Steven Levitsky sobre el futuro de la democracia estadounidense luego de la elección de Trump. Por estos motivos, para el Perú - que carece de escudos institucionales equivalentes - es un alivio en términos democráticos que Keiko haya perdido.

Finalmente, hemos sido testigos nuevamente de cómo frases simplistas, carentes de sustento, pero altamente efectivas, son capaces de influir y marcar del debate político. En el terreno de las ideas el fujimorismo viene ganando por goleada desde hace años mediante un embriagante cóctel de desinformación distribuido por aliados conservadores muy poderosos (incluyendo a Cipriani): la negatividad del bando contrario se acompaña del monopolio de conceptos suficientemente ambiguos para que nadie quiera oponerse a ellos. Tú eres asesino y del lobby gay, ellos son pro-familia; tú eres defensor de los derechos de los terroristas, ellos defienden los derechos de los héroes de la patria; tú quieres dañar a la niñez, ellos salen al frente a decirte: “no te metas con mis hijos”, y un largo etcétera. ¿Quién, en su sano juicio, tendría ganas de ser anti-familia, anti-niños y anti-héroes? Como consecuencia, mientras en el bando contrario se empieza a mostrar la etimología de las palabras y sus múltiples acepciones, ya hay decenas de convencidos de que existe algo así como una “ideología de género” y otros sinsentidos. El problema es que esto resulta tan inútil como responder una jerga con tu cita favorita de Vallejo. Nos falta calle para enfrentar este modo de hacer política.

En estas condiciones se despide el 2016 para el Perú político. Los espejismos que proyectaron los candidatos presidenciales durante la campaña se han desvanecido y nos queda la crudeza de la realidad sin filtro. Sin HD, Keiko Fujimori no es la ponente en Harvard que se desliga de los pasivos del padre para escribir su propia historia y PPK no es el candidato del segundo debate capaz de responder al fujimorismo y conectar con un mínimo de claridad con diferentes sectores de la población. Hoy Keiko encabeza una oposición intransigente que hace gala de la herencia noventera y PPK es el presidente débil sin partido ni políticos capaces de ayudarlo a cumplir aquello por lo que triunfó en la segunda vuelta: no permitir que el fujimorismo regrese al poder. Ganó la elección, pero perdió cada partida en la que se puso en juego ese mandato y la oposición terminó tomando prácticamente todas las decisiones importantes. PPK, por lo tanto, parece confinado al “baile de los que sobran”. Ojalá le queden ganas para danzar a otros ritmos porque, quién sabe, quizá sea su momento de perder para ganar.