Después de las polémicas elecciones generales 2016, resulta preocupante la poca atención mediática que viene recibiendo la elección de los nuevos magistrados que integrarán el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante los próximos años. Como se recuerda, a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2016, este organismo electoral decidió excluir a dos de los principales candidatos presidenciales: Julio Guzmán de Todos Por el Perú (TPP) y César Acuña de Alianza por el Progreso del Perú (APP). En la medida que el primero fue excluido por fallas en la inscripción de su candidatura y el segundo en virtud de una nueva ley que sancionaba el clientelismo, diversos analistas cuestionaron estas decisiones.  

Las hipótesis para entender su origen, como señaló elocuentemente Mirko Lauer, iban “desde la idiotez hasta la conspiración”. Sin embargo, hasta el momento no hay prueba alguna de que existió una “mano negra” manipulando a la institución, por lo que resulta imprudente hablar de fraude. En cambio, sí considero que se afectó a nuestro precario régimen político en un momento clave como la primera vez en la historia en que se celebraba una cuarta elección democrática. Por un lado, la decisión afectó el resultado, porque muy probablemente Pedro Pablo Kuczynski no sería presidente sin esta decisión y, por otro lado, generó la sensación de que el campo de juego no estaba del todo equilibrado entre los contendores al no sancionarse a Keiko Fujimori por situaciones aparentemente muy similares a las que llevaron a tachar a Acuña.

Como consecuencia, durante la elección ocurrió un espontáneo “redescubrimiento” del JNE en la opinión pública que se esfumó con la misma rapidez con la que llegó: las investigaciones periodísticas y los líderes de opinión indagaron sobre los perfiles y las trayectorias de los miembros del JNE, pero a partir de la segunda vuelta se dejó de lado la saludable práctica de conocer en mayor detalle quién son y qué decisiones toman estos servidores públicos cruciales para la vida democrática del Perú.

En un contexto en el que estamos cerca de conocer la configuración final de este organismo electoral, se hace imperativo retomar estas prácticas. Los cinco miembros del pleno del JNE son elegidos por diferentes colegiados, de modo que actualmente solo queda por definirse quién reemplazará a Jorge Rodríguez como representante de los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas. A lo largo de este año, ya han asumido funciones Raúl Chanamé (elegido por el Colegio de Abogados de Lima), Luis Arce (elegido por la Junta de Fiscales Supremos) y Ezequiel Chávarry (elegido por los decanos de las facultades de derecho de universidades públicas). Asimismo, el martes 15 de noviembre se ha dado a conocer que Víctor Ticona, elegido por la Corte Suprema, será el nuevo presidente del JNE a partir del próximo año en reemplazo de Francisco Távara.

Por lo tanto, estamos llegando tarde para iniciar la necesaria rendición de cuentas que las elecciones pasadas revelaron como cruciales. Pero esta tardanza, a la peruana, todavía no es tan grave. Si bien prácticamente no hubo discusión pública sobre los candidatos al JNE y la mayoría de nuevos miembros ya fueron elegidos, estamos a tiempo para conocer quiénes son y monitorear qué decisiones toman antes de las próximas elecciones regionales y municipales 2018.

Sobre el primer punto, me parece importante destacar la diferencia con la reciente elección de miembros de otras instituciones como el BCR donde se eligió a profesionales que incumplían con el perfil requerido. No habrá ningún Rafael Rey ni José Chimpler en el JNE. Sin embargo, esto no impide reconocer como preocupante que luego de un periodo con un pleno conformado enteramente por hombres se haya elegido a cuatro hombres para reemplazarlos y probablemente se repita la característica de no tener ninguna magistrada. También hay que recordar que la elección pasada reveló como importante conocer otros aspectos de los miembros del JNE que deberían servirnos como pistas ahora: desempeño en cargos previos, negocios y socios, doctorados honoris causa, etc. No recomiendo una cacería de brujas, pero sí evitar llegar a una situación complicada como la que ocurrió en el 2016 para empezar a buscar y, peor aún, especular irresponsablemente.

Sobre las decisiones que toman conviene diferenciar dos aspectos: el administrativo y el jurisdiccional. El primero depende, para todo efecto práctico, de las decisiones del Presidente del JNE. Sin embargo, las últimas administraciones han permitido que haya en gran medida una productiva continuidad en lo esencial. He tenido la oportunidad de conocer la maquinaria administrativa del JNE desde fuera, como trabajador del RENIEC, y desde dentro, como empleado de la institución. Con los sesgos que eso podría implicar, considero que hay oficinas y trabajadores muy valiosos que están impulsando importantes agendas para el país. Entre ellas, la participación y representación política de sectores de la sociedad históricamente excluidos; los programas de educación cívica; las plataformas web Voto Informado e Infogob; el desarrollo de debates con nuevos formatos; el fondo editorial y las publicaciones académicas; el museo electoral; las iniciativas de datos abiertos; la incorporación de tecnologías de la información a las funciones de fiscalización y registro, y otras que puedo estar dejando de lado en este momento.

Así, deberíamos estar atentos a que la administración Ticona que inicia el próximo año continúe por esta senda. Me parece que sería un retroceso que se abandone el conocimiento acumulado al respecto. En cambio, planteo que debería descontinuarse, en el JNE y todas las instituciones públicas, es el innecesario protagonismo de sus máximas autoridades. Como mencionó en su momento una editorial de El Comercio: “(…) a los integrantes del JNE no les correspondía ni les correspondió nunca ser ni héroes ni ‘lo contrario’ (villanos), porque su rol de árbitros y vigilantes de que la ley se cumpliese en estos comicios tenía que ser ejercido de manera expeditiva y casi invisible (…)”.

Sobre el aspecto jurisdiccional no tengo mucho que decir, salvo que todo el esfuerzo de la maquinaria administrativa se puede ver deslucido si no se cumple adecuadamente con esta función primordial. Como pudimos ver en la última elección, el enredado proceso a las candidaturas de Guzmán y Acuña no solo desvió la atención del debate de ideas entre los candidatos presidenciales durante la primera vuelta. Tampoco permitió que existiera espacio para reconocer las otras funciones que el JNE viene cumpliendo desde hace años y son puestas en funcionamiento durante las elecciones. Estemos atentos desde ahora a los fallos cruciales y que pueden sentar precedentes para las próximas elecciones.

En este contexto en que volverán a estar en discusión propuestas de reforma electoral, estoy de acuerdo en tener presente – tomando prestado el subtítulo del libro del politólogo Fernando Tuesta (2005) – que las “reglas también cuentan”. No deberíamos volver a tener una legislación electoral que permita excluir candidatos de manera tan irresponsable. No obstante, podría decirse que el otro aprendizaje de la última elección es que los jueces también cuentan. La democracia es lo que está en juego.

* Como menciono en el texto, he trabajado en el JNE.